La Comisión parlamentaria encargada de reformar el sistema de pensiones tiene una nueva propuesta sobre la mesa. En este caso, procedente del grupo de cien economistas que aglutina Fedea, y que plantea simple y llanamente reformar a fondo la Seguridad Social para acercar el sistema de pensiones español al llamado ‘modelo sueco’ que se basa en que cada trabajador conoce en qué condiciones se va a jubilar y cuándo. La ventaja es que este modelo introduce fuertes dosis de flexibilidad al sistema público de pensiones al tener en cuenta tanto la situación económica de cada momento como los cambios demográficos.
El modelo sueco no tiene nada que ver con un sistema de capitalización (cada trabajador se paga su pensión), sino que mantiene la esencia del sistema de reparto (el español). Es decir, que los ocupados seguirán pagando las pensiones generadas con anterioridad. En síntesis supone que cada trabajador tendría abierta una cuenta a su nombre en la Seguridad Social, y él decidiría en su momento si se jubila “a los 60, a los 65 o a los 70 años”, aseguró el profesor Díaz-Giménez, uno de los autores de la propuesta. Para calcular la cuantía de la pensión se tendría en cuenta tanto la evolución demográfica como la situación económica del país en el momento en el que el trabajador pasara a una situación de retiro.
Es decir, como sostiene Díaz-Giménez, se trata de “una aportación definida y una pensión ajustable”, lo que introduce enormes dosis de flexibilidad, con la ventaja de que se trata de un sistema más transparente, ya que cada trabajador sabe en cada momento la cuantía de su pensión, por lo que podría decidir en qué momento se jubila. Para evitar disfunciones se propone, precisamente, introducir ajustes en coherencia con la situación económica o demográfica.
Según la propuesta de los ‘cien economistas’, para lograr ese objetivo habría que introducir algunas reformas graduales al actual modelo. Y en particular se propone que en lugar de tener en cuenta 35 años para poder cobrar el 100% de la base reguladora, se calcule sobre 40 años. En la actualidad, y según los datos más recientes de la Seguridad Social, el 72% de los trabajadores del régimen general cotiza durante 35 o más años. Pero sólo el 40% de los autónomos ha cotizado más de 35 años.
Prolongar la edad de jubilación
Igualmente, se propone elevar la edad legal de jubilación de los 65 años actuales a los 67 años, aunque esta rigidez desaparecería cuando el sistema de cuentas nocionales -que así lo llaman los expertos- estuviera plenamente operativo. En la misma línea, se propone elevar de 61 a 63 años la edad mínima de jubilación.
Otro de los fundamentos en que se basa la propuesta tiene que ver con la necesidad de tener en cuenta toda la vida laboral para calcular la cuantía de las pensiones. Esta sería una exigencia ineludible habida cuenta que el modelo sueco supone que a cada trabajador se le abre una especie de cuenta ficticia en la Seguridad Social que se va actualizando de forma automática, lo que significa que conoce perfectamente las condiciones generales que podría tener en el momento de jubilación (salvo los ajustes que se aprueben en cada momento en función de las circunstancias).
Según la propuesta, esa individualización del sistema de jubilaciónpermitiría que un trabajador pudiera compatibilizar su pensión con el trabajo remunerado en cualquier actividad económica. Igualmente, se propone unificar todos los regímenes de la Seguridad Social, lo que supondría igualar todas las cotizaciones.
Los autores del estudio consideran que no hay razones para cambiar las reglas del juego a los actuales pensionistas, lo que significa que la reforma entraría en vigor de forma progresiva. Eso si, el economista Ángel de la Fuente, otro de los autores del estudio, está convencido de que la transición hacia ese modelo debe comenzar cuanto antes.
Según el profesor Díaz-Gimenez, lo que no tiene sentido es obviar estos debates a la opinión pública, como hace el Pacto de Toledo, que saca del debate partidista -en teoría- la reforma de las pensiones. En su opinión, el Pacto de Toledo es la mayor estafa al contribuyente español: ¿cómo se puede prohibir que se hable de pensiones?”, concluye.
Los cien economistas piden que cada trabajador decida cuándo se jubila
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