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de Jose María García-Hoz de Jose María García-Hoz
Ni Mendez ni Toxo van a firmar una reforma laboral que suponga quedarse sin medio de vida… En su lugar seguramente nadie lo haría…El Gobierno se mueve entre el miedo a la huelga general y la esperanza de que venga impuesta por la Unión Europea o el FMI.
La reforma laboral que el Gobierno se había comprometido a ponerla en marcha, con o sin acuerdo de sindicatos y patronal, se retrasa: primero era para marzo, luego para mayo, ahora en junio y seguro que, como los estudiantes regulares, deberá esperar a septiembre.
El retraso es tanto más impresentable cuanto que la reforma es más necesaria. Todos los economistas nacionales e internacionales señalan que las recientes medidas de ajustes, por mal nombre el recortazo, pueden quedar sin sentido si no se procede a la reforma laboral (entre otras). Estamos en esa situación en la que se ha parado la hemorragia al enfermo, pero ahora necesita medicinas y quizás alguna intervención quirúrgica para que de verdad podamos hablar de comienzo de la recuperación.
Hay que decirlo claro: la reforma laboral no sale adelante porque los primeros “reformados” serían las cúpulas directivas y burocráticas de sindicatos y patronal. Tal y como está el régimen laboral vigente, estas superestructuras sindicales y empresariales fundamentan su influencia y su poder en una negoaciación colectiva igualmente superestructural: se acuerdan los convenios a nivel nacional y/o sectorial, con sus acuerdos salariales y de todo orden obligatorios para todas las empresas de un sector como si todas las empresas fueran iguales o pasaran por la misma circunstancia.
Esa modelo, no hay que decirlo, anquilosa toda la economía porque trata como iguales a empresas que solo se parecen en la clasificación de su actividad. En el momento en que –como recomendaron los 100 economistas españoles en su manifiesto de hace un año, o la Unión Europea, o el FMI, o la OCDE y el sursum corda– los empresarios y trabajadores de un empresa pudieran negociar por ellos mismos la actividad sindical se adaptaría a la realidad… Y los secretariados nacional, confederal y demás organismos burocráticos perderían su razón de ser y, en el colmo de la racionalidad, perderían también la subvención que obligadamente les pagan los contribuyentes españoles.
Solo con estas reformas, rutinariamente llamadas estructurales, la economía española puede caminar por una senda de crecimiento; sin ellas y por efecto del decretazo la actividad seguirá estancada, el paro en aumento y dentro de unos meses será necesario recabar nuevas ayudas de la UE porque el sector público español seguirá siendo una máquina de perder dinero.
¿Y el Gobierno? Desde luego debería remangarse y sacar adelante por Real Decreto Ley unas medidas que los negociadores “sociales” no quieren ni ver. Si no lo hace es por miedo a la inevitable huelga general y por esperanza de que la Unión Europea, al poner en marcha el Gobierno económico común que se nos viene encima, obligue a España a articular una reforma laboral digna de tal nombre: en esa circunstancia Rodríguez Zapatero podría decir que los culpables son los socios comunitarios.
