Según, Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía del IESE y uno de los buenos economistas nacionales que lleva tiempo dedicado al tema, la temida y necesaria reforma laboral se juega en estos cinco puntos.
1. Reducir los excesivos costes laborales, limitando el máximo indemnizatorio en caso de despido;
2. Derogar los contratos temporales y establecer un único contrato, indefinido, y con un coste de despido creciente y limitado;
3. Flexibilizar la negociación colectiva, eximiendo a las pymes de menos de diez trabajadores de la aplicación de convenio alguno y dejando paso a la legislación general laboral si no hay acuerdo en el plazo necesario entre las partes negociadoras del convenio colectivo;
4. Seguridad social: supresión de la cotización mínima actual de la seguridad social, de modo que la cuantía fuera proporcional a la nómina afectada; la exención de pago para los autónomos en los meses que no tuvieran actividad; y el aumento de la cuota máxima que es excesivamente baja en España;
5. Desjudicialización de los despidos, de modo que, tal como sucede en el resto de Europa, la relación laboral se extinguiera directamente con el pago de los costes de despido, sin esperar a que un juez de lo social tenga que decidir sobre su procedencia.
Qué difícil será hacerlo
Ya se que el texto anterior no descubre un ignoto mediterráneo, pero como los buenos economistas, Díaz-Giménez ha sintetizado con claridad el nudo gordiano de lo que, en este momento, constituye el principal obstáculo para que la economía española comience a calentar motores.
Y tan difícil como saber lo que hay que hacer es hacerlo. CC.OO. y UGT no solo heredaron los sindicatos verticales de Franco “con los ascensores funcionando”, sino también la legislación laboral de una dictadura, para la que los empleadores eran sospechosos de oficio y los empleados debían ser adulados/protegidos para que no cayeran en la perversión marxista.
La superestructura laboral –principalmente sindical, pero no solo– reúne demasiados intereses que hasta ahora han impedido el decretazo que la suprimiera. El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, ya contaba en su último libro, que al último Gobierno Aznar le faltó fuerza y cuando CC.OO. y UGT convocaron una huelga general, se paró cualquier intento de modificar reforma.