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La Inspección de Trabajo ha detectado en los primeros 11 meses del año que el 60% de los 43.400 empleados investigados han realizadohoras extras de forma ilegal, unos 27.000, según explicó ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la sesión de control del Congreso de los Diputados. Estas irregularidades se hallaron en las 2.924 actuaciones que los inspectores han realizado hasta noviembre sobre horas extras. En realidad, las infracciones las han cometido 422 empresas, y sobre ellas recae la multa. La cifra es sensiblemente superior a las 371 sancionadas durante todo 2013.
El 60% de los empleados investigados trabaja horas extra irregulares
Empleo multa a 422 empresas por aplicar jornadas más largas de lo permitido
A primera vista, estos datos suenan muy contundentes. También lo es la comparación con el año anterior. En los 11 meses que van de 2014 el número de trabajadores detectado haciendo horas extras de forma irregular ha subido un 264%, 27.000 frente a 8.064 en todo 2013, un 264% más hasta ahora. Sin embargo, la contundencia se diluye cuando estas cifras se ponen en relación con las globales de la Inspección. En 2013 este cuerpo, dependiente del Ministerio de Empleo, realizó 1.247.092 actuaciones, de ellas solo 2.888 tenían que ver con controles sobre las horas extraordinarias, apenas el 0,23%, un porcentaje muy bajo que se mantiene así, al menos, desde 2008. Y a tenor de las cifras conocidas ayer, no parece que vaya a darse un gran salto.
También reduce la espectacularidad del dato las estimaciones de horas ilegales que se realizan en España. Un cálculo hecho por CC OO sobre 2013 —conservador, puesto que solo tenía en cuenta las horas irregulares realizadas por quienes trabajan más de 42 horas a la semana según datos de la encuesta de población activa (EPA)— cifraba en 11,5 millones el número de horas ilegales que se trabaja cada semana. Equivaldrían a 326.836 empleos.
Para Empleo, los incrementos se deben a que la Inspección “va afinando el tiro año a año” y al buzón de denuncias abierto el año pasado. Hay que tener en cuenta que la denuncia de sindicatos o trabajadores suele ser el canal a través del que los inspectores detectan las horas extraordinarias irregulares. Además, la Inspección tiene una campaña en marcha sobre tiempo de trabajo, pero no tiene una específica sobre horas extras.
Aunque el problema afecta a 27.000 trabajadores que han sido hallados realizando horas extras irregulares, la cifra no se corresponde con las infracciones. Las sanciones, en realidad, ascienden a 422; es decir, una por cada empresa infractora. Cuando se trata de horas extras, la sanción recae sobre la compañía, y solo una vez, independientemente del número de empleados a los que tiene trabajando de más de forma ilegal. Da igual que la firma tenga uno o 1.000 trabajadores haciendo horas extras irregulares, la sanción no superará los 6.251 euros correspondientes a una infracción grave de la norma.
La Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), que lleva tiempo denunciando que el ministerio no dedica los esfuerzos suficientes para combatir la precarización del mercado laboral, afirma que los datos avanzados por Báñez le dan la razón. “Valoramos que el ministerio hable de esto y pedimos que se vuelquen más recursos en combatir la precarización del empleo”, señala. La precarización de la que habla este sindicato se puede observar en los datos de la Seguridad Social y de la EPA. En esta última estadística se observa que las horas extras no cobradas superan el 50% del total de horas extras desde 2012 y, además, es entre quienes tienen un contrato a tiempo parcial donde más empuje tienen.
Precisamente hablando del empleo a tiempo parcial, Báñez afirmó que en las sucesivas reformas que han hecho de esta modalidad contractual han prohibido las horas extras. En realidad, lo que hizo el Ejecutivo hace ahora poco menos de un año fue cambiarles el nombre y llamarlas “complementarias”, facilitando la posibilidad de hacer más, creando dos modalidades: las pactadas (que deben estar contemplada en el contrato) y serán obligatorias a demanda de la empresa y las “voluntarias” que, según el decreto, “pueden ser ofrecidas por la empresa en los contratos que tengan una duración indefinida”.
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