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Carlos SANCHEZ del Confidencial :
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La reforma (laboral) que surgió del 'lobby'
Carlos Sánchez.- 12/02/2012
Lo más duro que le puede pasar a un Gobierno o a un país es no entender el mundo que le ha tocado vivir. Grandes imperios han caído por errores estratégicos, tanto por fallos de sus gobernantes como por decisiones equivocadas de sus ciudadanos, incapaces de comprender el momento histórico que pasaba por delante de sus narices. En otros casos, sin embargo, pequeños países fueron capaces de identificar con acierto el curso de la historia, y eso explica sus éxitos nacionales. Este es el caso de Holanda o los países nórdicos, con suficiente perspicacia para conformar un proyecto nacionalbasado en su idiosincrasia y en sus propias peculiaridades económicas y sociales. Articulando, en paralelo, un proyecto político capaz de imitar lo mejor que tenían a su alrededor.
Esta tensión entre lo de 'fuera' y lo de 'dentro' es, sin duda, consustancial a la historia de las naciones, pero lo que parece fuera de toda duda es que un país que se limite a copiar lo que viene del extranjero con una visión simplista de la realidad está condenado al fracaso.
Este es, en realidad, el error esencial de la reforma laboral aprobada por el Gobierno, pensada para un país distinto al que se va aplicar, lo que pone en tela de juicio su eficacia. Es curioso que se hable de una "reforma en línea con Europa", como si el continente fuera un territorio homogéneo. ¿O es que Francia, Alemania y Reino Unido tienen el mismo modelo económico e idéntico tejido productivo? Como paradójico es que se diga que es equilibrada, cuando en realidad se trata de instaurar una nueva correlación de fuerzas dentro de la empresa.
El escaparate de la reforma
La reforma, por el contrario, está construida con un solo objetivo: convencer a la Alemania de Merkel de que España es un país serio y cumplidor, y eso puede explicar la insistencia del Gobierno (Rajoy y De Guindos) en dejar claro en el extranjero que se trata de cambios radicales en el mercado de trabajo. De hecho, el presidente del Gobierno debe estar encantado con la respuesta sindical. Lo delata el hecho de haber querido situar de nuevo a las condiciones de despido como núcleo de la enésima reforma laboral.
Los socios comunitarios habrán caído en la cuenta de que se trata de una gran reforma, toda vez que cuenta con la oposición frontal de los sindicatos, lo que en teoría le da el marchamo de calidad. Lo peor que le hubiera podido pasar al Gobierno es que UGT y CCOO hubieran hecho unas críticas tibias al contenido del real decreto, pero eso no ha sido así y Rajoy puede presumir ante Bruselas de que estamos ante la madre de todas las reformas laborales.
Este es, en realidad, el error esencial de la reforma laboral aprobada por el Gobierno, pensada para un país distinto al que se va aplicar
Si eso fuera así no habría problemas. Al fin y al cabo el descrédito de los sindicatos ante buena parte de la opinión pública estan elevado que cualquier Gobierno que se enfrente a ellos, arrastra el beneficio de la duda. Pero, desgraciadamente, la utilidad de una reforma laboral no se mide por el grado de confrontación social. Por el contrario, se evalúa por el número de puestos de trabajo que es capaz de crear, y está por ver sus resultados.
La reforma avanza en la buena dirección cuando vuelve a situar a la empresas en el centro del debate económico, y, en este sentido, el hecho de que se profundice en al flexibilidad interna es, sin duda, una buena noticia. Pero yerra cuando no es capaz de identificar los verdaderos problemas de la empresa española, que desde luego tienen poco que ver con la negociación colectiva. O, incluso, con el despido.
A veces se olvida que el tejido empresarial español es ajeno al alemán o al francés. Y qué decir del británico. Ni siquiera puede compararse al italiano, un país volcado al comercio exterior. Y por eso no estará de más recordar algunos datos que pueden ilustrar la naturaleza del problema.
La Seguridad Social registra la existencia de 1,4 millones de empresas inscritas dentro del régimen general, y de ellas nada menos que 554.435 tienen un solo trabajador. Pero es que otras 541.839 empresas cuentan con una plantilla inferior a cinco trabajadores, mientras que 284.404 tienen menos de 50 trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que más del 95% del tejido empresarial español no está afectado por convenios de empresa, y por eso articular una reforma laboral en torno a esa figura es simplemente un disparate. Básicamente por una razón: apenas 2.021 empresas -han leído bien- tienen en España más de 500 trabajadores. Sin duda, los excesos de la política de subcontrataciones tiene mucho que ver con la reducida dimensión de la empresa española.
La reforma, por el contrario, obvia los principales problemas de las pymes, y que tienen que ver, es evidente, con los costes salariales, aunque también con losextrasalariales (cotizaciones). Pero también con las cargas administrativas, lafiscalidad o los costes de los insumos. En su lugar, mantiene la jungla de contratos temporales (ahora hay uno más), que empobrece a la propia empresa y a los trabajadores. Hasta el punto de que cuando se tiene mano de obra de usar y tirar a través de la temporalidad lo que se sacrifica en realidad es la formación y la fidelidad laboral. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que son necesarios 364 días de trabajo en periodo de pruebas (sin indemnización ni preaviso) para saber si un empleado está capacitado para ser contratado en una empresa?
El país de las bajas laborales
El resultado, como se sabe, es que cada año se produce un número de despidos colosal, inimaginable en cualquier país europeo. Existe, en este sentido, unreciente estudio de dos economistas del Banco de España –Laura Hospido yJuan Francisco Jimeno- que merece la pena rescatar y que dice que entre 2002 y 2009 se produjeron anualmente como media nada menos que 9,28 millones de bajas laborales en las empresas españolas.
Se trata de una cifra verdaderamente descomunal que viene a representar que cada año rota la mitad de la fuerza laboral. Y aquí está la sorpresa. Tan sólo el 5,15% de esas bajas tiene que ver con un despido del trabajador. Por el contrario, el 66% se deriva de la extinción del contrato, el 18% por voluntariedad del empleado y el 10% restante por otras causas.
Los datos son todavía más espectaculares si se tiene en cuenta que los despidos por causas objetivas –precisamente los que trata a fondo la reforma laboral- representan apenas el 3,17% del conjunto de bajas iniciadas por las empresas. Pues bien, sobre ese 3% gira la reforma laboral, lo cual no parece muy razonable. Y lo es mucho menos si se tiene en cuenta, como han explicado los expertos Blanchard y Tirole -el primero economista jefe del FMI, lo que le impide ser considerado un 'rojo' peligroso-, que es beneficioso que existan indemnizaciones, pues obligan a los empresarios, como recuerda Samuel Bentolila, a tener en cuenta los efectos negativos del despido. El análisis científico ha demostrado que la indemnización también puede servir para cubrir el coste social de las prestaciones por desempleo.
La causa del desatino probablemente tenga que ver con la capacidad de influencia de los grupos de presión, que legítimamente defiende los intereses de las grandes empresas, sin dudas las más beneficiadas por la reforma laboral. En particular las que tienen por delante todavía algunos procesos importantes de restructuración de plantillas (sector financiero, medios de comunicación…), muy afectadas por el coste de despido. Pero ya se sabe que en ocasiones lo que es bueno para General Motors no es bueno para el país.
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Carlos Sánchez : -
LAS AYUNTAMIENTOS HAN RECURRIDO A EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO
La reforma laboral inicia la reconversión del sector público con el cierre de 500 empresas
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez (Efe).
Carlos Sánchez 13/02/2012 (06:00h)
La reconversión del sector público está aquí. El pistoletazo de salida lo ha dado la reforma laboral publicada este sábado en el BOE, en la que, por primera vez, se habilita a las distintas administraciones públicas a presentar expedientes de regulación de empleo.
Ciertos ayuntamientos ya habían utilizado este instrumento de ajuste de las plantillas, pero no había unanimidad en los tribunales sobre la legalidad de la medida. Algunos jueces entendían que no había obstáculos legales para aprobar EREs; pero otros, por el contrario, rechazaron esta posibilidad con el argumento de que una administración no puede entrar en pérdidas, toda vez que no es posible objetivar sus resultados económicos al prestar servicios sociales para la comunidad. La nueva reforma laboral zanja esta polémica y dice que las administraciones públicas pueden presentar expedientes de regulación de empleo, incluida la extinción del contrato.
La norma, en todo caso, se refiere al personal laboral, cuyas condiciones de trabajo las regula el Estatuto de los Trabajadores. En ningún caso, se aplicará alpersonal funcionario o estatutario, cuyo puesto de trabajo está asegurado. Ni tampoco a los entes administrativos. Lo que hace el Real Decreto Ley es introducir un nuevo párrafo al artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores en el que se aclara que las administraciones públicas están a salvo de los EREs, "salvo aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado». Es decir, las empresas públicas. Esto supone que una vez aprobada la reforma laboral el sector público tiene las manos libres para iniciar su reconversión, paralizada por ausencia de marco legal.
Hace unos meses, por ejemplo, un juzgado de Teruel denegó la autorización para que el ayuntamiento de Escucha pudiera hacer un ERE. La sentencia afirmaba que la causa última del expediente de regulación de empleo "no puede darse en una entidad pública territorial, sino en entidades privadas que persiguen la obtención de lucro". En su opinión, "tal finalidad es incompatible con la actuación de una entidad local que persigue la consecución del interés general mediante la prestación de los servicios públicos". Y en esta línea, añadía que los expedientes de regulación de empleo "constituyen una posibilidad que el ordenamiento confiere al empresario para solventar una situación problemática, crítica y coyuntural, sin que la Administración pública esté expuesta a los mismos riesgos que las empresas". Todos estos argumentos son los que desarma ahora la nueva reforma laboral.
El ánimo de lucro
En Madrid, por el contrario, el Gobierno de Esperanza Aguirre autorizó un expediente de regulación de empleo en el ayuntamiento de Fuente El Saz que afectó a 17 trabajadores. Pero el Ministerio de Trabajo denegó el expediente alegando que "los mecanismos de regulación de empleo, de suspensión de contratos o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas" se encuadran "al ámbito de la actividad empresarial o entidades que persigan la obtención de un lucro" y que, por tanto, una administración pública como un ayuntamiento no puede "acogerse a ellas".
El ajuste de plantillas en las administraciones públicas ya fue aprobado por el anterior Gobierno, pero poco o nada se ha avanzado desde que en marzo de 2010 el Consejo de Política Fiscal y Financiera decidió el cierre de 514 entes públicos de toda condición: fundaciones, sociedades mercantiles, empresas públicas o entidades administrativas.
Esos más de 500 entes representan alrededor del 22% del conjunto de empresas del sector público, y su identidad es hoy el secreto mejor guardado en la Administración. Se sabe el número, pero no el nombre, y ni siquiera salió a relucir en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, instó a los consejeros de Economía de las comunidades autónomas a que cumplieran el compromiso adquirido con el anterior Gobierno, y que cerca de dos años después no se ha hecho realidad.
Los datos más recientes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas muestran que la plantilla de personal laboral asciende a 684.623 trabajadores(51% de mujeres), de los que la tercera parte corresponde a los ayuntamientos y cabildos. En la Administración Pública estatal el número llega a 120.858, a los que hay que añadir otros 55.912 destinados en entes públicos de carácter empresarial.
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Roberto Centeno :
La prueba del nueve: los mercados no creen en las reformas
En septiembre de 1938, Chamberlain, primer ministro de Gran Bretaña, subscribió el Pacto de Munich con Hitler. Al volver a Londres y presentar su acuerdo en el Parlamento, Churchill le increpó con una frase histórica: "Pudisteis elegir entre el deshonor y la guerra, elegisteis el deshonor y tendréis la guerra". Rajoy, que no es Churchill ni por aproximación sino unpactista como Chamberlain, ante la oportunidad histórica de hacer una verdadera reforma laboral y acabar de una vez por todas con los privilegios de unos sindicatos comisionistas y chantajistas, se ha limitado a abrir las puertas que habían dejado entreabiertas el anterior Gobierno, UGT y CCOO en el último acuerdo. Ha tocado muchos temas, algunos muy mediáticos, pero irrelevantes en la práctica. Y, además, al estudiar la letra pequeña, que es lo esencial, uno cae en la cuenta de que todo queda en la mitad de la mitad. Y eso si no se bajan los pantalones en la tramitación.
El Ejecutivo ni ha ido al núcleo del problema -las disparatados cotizaciones sociales, las más altas de Europa- ni se ha atrevido a eliminar las enormes subvenciones y canonjías -2.500 millones al camelo de las políticas activas de empleo- que mantienen el poder de unos sindicatos que ya no representan ni al 10% de los trabajadores. Tampoco ha extirpado de raíz su gran base de poder: la prevalencia clara, y no interpretable por los magistrados izquierdistas de lo social, de los convenios de empresa sobre los convenios colectivos. Al igual que Chamberlain, Rajoy pudo elegir entre el "deshonor" (reforma parcial) y la "guerra" (enfrentarse con los sindicatos y con la izquierda). Eligió la reforma parcial y tendrá el enfrentamiento.
Como señalan los empresarios que crean empleo de verdad, el verdadero problema es que el trabajo tenga un sobrecoste del 35% en seguros sociales que el trabajador no ve. Lo que menos importa para contratar, como dice Juan Roig (Mercadona), son los días de despido
Espero que si van a la guerra, Rajoy tenga el mínimo de decencia y coraje de acabar de una vez por todas con las subvenciones y privilegios de los sindicatos, aunque de momento no ha acometido ni de lejos las reformas que España necesita: reducción del tamaño del Estado; cierre de las entidades financieras inviables; lucha contra los monopolios, porque tenemos los costes de energía, servicios bancarios y telecomunicaciones más altos de Europa; y reforma laboral. Por ese orden. Hace tres semanas, el diferencial de la prima de riesgo con Italia estaba en más de 150 puntos. El viernes había caído a 35 puntos. Eso quiere decir, lisa y llanamente, que los mercados no se han creído las reformas. Y cuando Italia, que tiene la mitad de déficit y de paro que España, nos pase, seremos los parias.
¿Por qué la reforma laboral no creará un solo puesto de trabajo?
Personalmente me produce especial desazón la reforma laboral, por la sencilla razón de que vengo afirmando desde hace años, en contra de la ortodoxia vigente, que la reforma laboral no creará ni un solo puesto de trabajo y que su urgencia es solo un mito de la casta política, para desviar la atención de los verdaderos problemas. Y ahora podremos saber quién tiene razón. Pero veamos los mitos:
Primer mito: el mercado laboral es rígido. No exactamente. El mercado laboral español es un mercado dual, un 60% de trabajadores ocupados sonmileuristas o menos, y pueden ser despedidos a muy bajo coste. Un 20% son empleados públicos con un salario un 35% superior a la media y una tasa de absentismo salvaje del 20%, y está por ver si podrán ser despedidos. Entonces, ¿son las condiciones de trabajo de la quinta parte de la masa laboral el gran problema de España?
Segundo mito: si analizamos las cifras de la última EPA sobre la estructura del paro nos encontramos con lo siguiente: desde final de 2007 el paro se ha incrementado en 2,7 millones. De ellos, 700.000 son trabajadores por cuenta ajena -nada que ver con rigidices-, 1,7 millones trabajadores con contrato temporal -nada que ver tampoco-, y solo 300.000 con contrato fijo. Es decir, las rigideces no han causado la pérdida del 89% de los parados originados durante la crisis. Y esto no es opinable, son matemáticas.
Tercer mito: ¿Cuál es entonces la causa de los 2,7 millones de parados? Esencialmente, dos. La primera, la falta absoluta de financiación a PYMES y autónomos, mientras estos insensatos han entregado 40.000 millones en dinero y 90.000 en avales para mantener abiertas entidades que tendrían que haber cerrado y sus responsables procesados. Si este dinero se hubiera canalizado a créditos y circulante de estos pequeños empresarios, que son los que crean el 80 % del empleo, habría como mínimo un millón de parados menos. La segunda, los impagos de CCAA y ayuntamientos, que deben más de 70.000 millones, lo que ha arruinado a decenas de miles de empresas. Si el dinero destinado a pagar salarios a sus enchufados se dedicara a pagar a proveedores, por cada empleado público eliminado se habría evitado la perdida de entre 2 y 3 puestos en el sector privado.
Y ahora vayamos a la reforma propuesta, porque la final estará, sin duda, mucho más aguada, dado que Rajoy quiere consenso. ¿Para qué quiere entonces la mayoría absoluta? Globalmente, no cambia el marco laboral, ofrece una cosa y la contraria en casi todo, carece orientación definida y si la interpretación de "causa objetiva" queda en manos de los magistrados izquierdistas de lo social, apaga y vámonos. En lo concreto, la rebaja de la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días es muy mediática pero irrelevante. Primero, porque como señalan los empresarios que crean empleo de verdad, no los enchufados de la CEOE, el verdadero problema es que el trabajo tenga un sobrecoste del 35% en seguros sociales que el trabajador no ve. Lo que menos importa para contratar, como dice Juan Roig (Mercadona), son los días de despido. Segundo, también según Roig, acabar con el caos legislativo de 17 taifas y con el absentismo, cinco veces mayor que la media europea, son mucho más importantes.
El supermediático contrato de inserción para jóvenes es una tomadura de pelo, porque los jóvenes que no tengan prestaciones, que no tengan doteque entregar al empresario, es decir, la mayoría, no pueden beneficiarse de este contrato.La negociación colectiva tampoco se desmantela por completo -y esto es esencial-, lo que reduce algo, pero no elimina, el poder de los sindicatos comisionistas, igual que la pérdida del carácter indefinido de los convenios limitado ahora a dos años. Se da mas flexibilidad a la movilidad y la reducción transitoria de jornada, lo que es correcto, pero poco relevante.
Por que las medidas tomadas no nos sacarán de la crisis
Primera medida, subida de impuestos sobre la renta y el ahorro al mayor nivel de Europa, y mantenimiento intacto del tamaño del Estado. Endeudamiento masivo del Estado, 30.000 millones de euros en solo 40 días, suscritos en un 85% por la banca española con el dinero del BCE. Resultado, menos consumo, menos inversión, menos empleo, mayor deuda pública.
Segunda medida, Ley de Estabilidad Presupuestaria. Las AAPP tendrán que gastar lo mismo que ingresen en… ¡2020! Un ejemplo, Extremadura, primero dijo "vamos a reducir el gasto en un 20%". Después, solo un 10%, al final un 5% teórico, porque los gastos son seguros y los ingresos voluntaristas, y todas las demás igual. Eso si la Ley prevé bajar las pensiones (sostenibilidad) y pagar por la Sanidad, Educación y uso de autovías (financiación de grandes servicios) ya mismo, no en 2020. Se transfieren 15.000 millones a las CCAA para"atender gastos inaplazables y pagar a proveedores", los gastos inaplazables son la luz, el teléfono, los sueldos, las Visa Oro, los coches y los chiringuitos, para proveedores quedaran 10 euros. Resultado, despilfarro a toda marcha y los proveedores seguirán sin cobrar.
Tercera medida, reforma del sistema financiero. El crédito no solo seguirá cortado al sector privado, sino que se ha reducido en 12.000 millones desde primero de año, y no se recupera la solvencia, el agujero es, al menos, tres veces mayor del reconocido. En lugar de cerrar lo inviable se mantiene todo, lo que puede acabar costando a los españoles 100.000 millones de euros adicionales a los 40.000 que lleva costados ya. Resultado, sin crédito no hay empleo ni recuperación que valga.
Cuarta medida, reforma laboral. No creará un solo puesto de trabajo y la pregunta es, ¿y para crear empleo qué piensan hacer?
Ni una sola de las medidas tomadas crea ni crecimiento ni empleo, justo lo contrario. España está quebrada desde julio, cuando el BCE nos rescató empezando a comprar masivamente deuda española, sin el dinero del BCE suspendería pagos en semanas, y a pesar de ello, Rajoy igual que socialistas y nacionalistas no está dispuesto a reducir el tamaño del Estado. Bruselas ha exigido a Grecia reducir los empleados públicos a 550.000 y han aceptado, la misma regla aplicada a España obligaría a reducir el número de empleados públicos en más de un millón. ¿Cuánto tiempo creen que los burócratas de la Rue de la Loi tardarán en darse cuenta?
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Publicado por VRedondoF para CP2T el 2/14/2012 07:19:00 AM
